Las mujeres de los mineros del carbón, desalojadas de las tribunas del Senado por protestar

 Las mujeres de los mineros logran llegar a la Cámara alta tras muchas trabas. Solo un centenar puede entrar para presenciar las votaciones. El resto grita en la calle. El centenar de mujeres acreditadas han sido expulsadas por proferir cánticos

 La caravana de mujeres de mineros de las cuencas de León, Asturias y Teruel ha llegado al Senado, donde sus integrantes apenas han podido estar un par de horas. Cansadas pero con el ánimo de lucha intacto, llegaron unas 400 en autobuses para asistir desde la tribuna de invitados a las votaciones de las enmiendas de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que se refieren a las ayudas a la minería del carbón. No todas pudieron entrar, y las que entraron fueron desalojadas. En el salón de plenos vieron cómo era rechazada por la mayoría absoluta del PP una enmienda del PSOE sobre recursos a la minería. Ante el rechazo a la modificación presupuestaria, las mujeres comenzaron a cantar En el pozo Maria Luisa, en honor de Santa Bárbara Bendita, patrona de los mineros. Esto provocó que fueran desalojadas del hemiciclo. Pero seguían a grito pelado en la calle: "Aquí están, estas son, las mujeres del carbón". Ni la policía las amilanó.

 El presidente del Senado, Pío García-Escudero, ha dado la orden de desalojar a las mujeres en cuanto empezaron con sus cánticos y a blandir sus camisetas con lemas de protesta, las mismas que supuestamente se les había impedido introducir en la Cámara alta. En contra de lo que se esperaba, ningún senador del PP ha roto la disciplina de voto y todos han rechazado la primera de las siete enmiendas en defensa de las ayudas al sector del carbón. Unicamente los tres parlamentarios del Partido Aragonés (PAR) que forman parte del Grupo Popular han respaldado la iniciativa socialista.


Desde el interior de la Cámara se escuchaban los pitos de las que se habían quedado fuera. Provistas de silbatos, petardos, cacerolas y trompetas, coreaban lemas como Somos mineros, no terroristas o Que sea un diputado el próximo parado. “Estamos aquí para defender lo nuestro. Todo nuestro pueblo trabaja del carbón. Si nos quitan la mina nos quitan el pueblo”, sentenciaba Pilar Ortiz, procedente de Ariño, en Teruel. Su marido lleva 16 años trabajando en los pozos. Tras un día intenso, ella y sus compañeras emprendieron el viaje de vuelta a casa. Las protestas del sector continúan.

 La mayoría han salido en orden del salón, aunque todavía lanzando cánticos de protesta, aunque otras han tenido que ser obligadas a salir. Mientras la votación de las enmiendas a los Presupuestos se reanudaba en el hemiciclo, las mujeres de los mineros han ido saliendo del Palacio del Senado, si bien un grupo de una decena aproximadamente se han sentado en la puerta como protesta por el desalojo. En la calle se escuchaba este grito: "Tenemos ovarios, tenemos huevos, somos las mujeres de los mineros", gritan.
 La protesta había comenzado entorno a las seis y media, cuando han llegado a Madrid los autobuses que las traían desde las diferentes cuencas mineras. El punto de encuentro ha sido la Plaza de España, cercana a la Cámara alta. Cuando han estado todas, vestidas de negro, han comenzado la marcha. La policía les ha salido al paso y ellas han contestado: "Somos mineros, no somos terroristas". Los agentes han intentado sin éxito que no se colocasen justo delante de la puerta del Senado. En los últimos metros del camino las esperaban algunos dirigentes socialistas que las han acompañado hasta el final del recorrido.

 “Estamos aquí para demostrar que apoyamos las enmiendas que pretenden que se mantengan las ayudas al sector”, explicaba Isabel, después de varias horas de autobús desde Fabero, en la comarca leonesa de El Bierzo. Junto a ella, Mari Paz, de la misma localidad, añadía: “Queremos que se escuche nuestra protesta y ver si los senadores del Partido Popular de León, Asturias y Aragón pueden mirarnos a la cara, porque saben que con sus votos esas enmiendas saldrían adelante”. Ambas, con prácticamente todos los hombres de sus familias trabajando en la mina, hacían estas declaraciones a las puertas de la Cámara alta, a la espera de poder entrar en el edificio. Ellas eran dos de las aproximadamente 110 acreditadas.

 Tras haberse hecho oír en el Senado a lo largo de la tarde, las mujeres de los mineros se han subido a los autobuses que las llevaban de vuelta a casa.

Rajoy desmiente a Merkel sobre la ayuda: “No se ha pedido claridad a España”

El presidente del Gobierno asegura que aún no se sabe cuál será el instrumento para el rescate.

La tensión entre Mariano Rajoy y Angela Merkel sube enteros cada día. Tanto, que este martes, un hombre siempre comedido como el presidente lanzó un tajante desmentido a lo que había dicho la canciller una horas antes ante la prensa alemana, esto es que varios líderes del G-20 le habían pedido a Rajoy “claridad” sobre el rescate a la banca española. “Se ha hablado en el G-20 de que ahora es muy importante que haya claridad, rápidamente, sobre cómo va a ser la petición de ayuda española”, había señalado la canciller alemana.

 Los líderes políticos más poderosos del mundo quieren saber cuándo y cómo pedirá España los fondos. Pero Rajoy negó que haya existido presión de ningún tipo. “Tengo que desmentirlo, me ha sorprendido una información que dice que alguien nos ha pedido que hiciéramos ya la petición formal del crédito a la banca. Nadie ha planteado eso, somos los primeros interesados en que eso se resuelva con la mayor celeridad posible”. Rajoy se reafirmó después en ese desmentido rotundo.

 El presidente dejó claro que todo está en el aire y que se están negociando el mecanismos. “Nosotros tenemos que esperar a los evaluadores, que no darán los resultados el jueves. Estamos negociando el memorando, tenemos que ver cuál va a ser el instrumento, el EFSF, el MEDE, otro distinto”, llegó a decir. "En cualquier caso, lo importante es que haya voluntad política, pero ya le digo que nadie habló en el G-20 una sola palabra de ese asunto", agregó. Esta última posibilidad, la del mecanismo distinto, no estaba encima de la mesa hasta ahora.  Cuando se le volvió a preguntar sobre ese asunto, Rajoy lo dejó abierto: "No voy a entrar en los instrumentos, eso son cuestiones técnicas. Lo importante es el mecanismo, lo demás en una segunda derivada. Lo importante es el contexto".

 Eso sí, cuando se le planteó la posibilidad de que España necesite un segundo rescate más importante ante la presión de los mercados, contestó seco: “Nadie ha planteado eso salvo usted”.

 Rajoy demostró que todo está en negociación. Ni siquiera quiso aclarar, como ha hecho otras veces, que no tenga intención de subir el IVA, como le pide el Fondo Monetario Internacional. Ya no lo descarta y parece que puede estar encima de mesa de manera inminente. “Cuando tomemos decisiones, ustedes serán informados”. Rajoy se mostró muy satisfecho del G-20 y en especial de una reunión de los países del euro con Barack Obama.

 “El comunicado final expresa un apoyo a las reformas españolas y al plan de España para recapitalizar a la banca", aseguró Rajoy. "Además, el G-20 apuesta por la integración fiscal y bancaria de Europa, y además hay un llamamiento, como España quería, a evitar toda forma de proteccionismo (en referencia a Argentina e YPF). Estoy muy satisfecho”.

 

España denegó en 2011 el 74% de las solicitudes de asilo y refugio

 La llamada primavera árabe provocó en 2011 un alud de solicitudes de asilo en Europa, que respondió blindando sus fronteras. Así lo atestigua el informe publicado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) conocido hoy. En él se desvela que, solo durante las fechas de las revueltas, cerca de un millón de personas llegaron a concentrarse en el norte de África y, de ellas, apenas 58.000 alcanzaron el continente y pudieron pedir asilo.

 La avalancha de refugiados no llegó a Europa y, mucho menos, a España. De hecho, en todo 2011 un total de 3.414 personas accedieron al procedimiento de asilo en España. De ellas, solo el 26,5% vio reconocida su solicitud de protección internacional con el estatuto de asilo o, como mal menor, recibió una protección de carácter subsidiario. "Aunque esta cifra representa un aumento respecto al año anterior, no por ello deja de ser uno de los años que menos solicitudes de protección internacional se han presentado desde que entró en vigor la primera Ley de Asilo en 1984. Además el número de solicitudes presentadas es considerablemente inferior a las presentadas en otros Estados miembros de la Unión Europea como Francia o Alemania", puede leerse en el informe del CEAR.

 Los datos de España contrastan con lo ocurrido en Europa, donde se ha producido un "importante aumento de solicitudes de asilo, pasando de 259.000 en 2010 a 301.000 en 2011. La crisis humanitaria provocada por las revueltas árabes en el Mediterráneo contribuye a explicar en buena medida esta situación, donde países como Italia han llegado a triplicar las peticiones de asilo", señala el documento.

 El CEAR achaca ese bajo índice de solicitudes en España a "las enormes dificultades existentes para acceder al procedimiento de protección internacional en los CIE (Centros de Internamiento de Extranjeros), puestos fronterizos y costas. Tanto en los CIE como en los aeropuertos se han detectado múltiples irregularidades que tienen que ver, esencialmente, con el derecho a una asistencia jurídica especializada. Además la ausencia de un procedimiento de identificación de personas que puedan requerir determinada protección (menores de edad, víctimas de trata, solicitantes de protección internacional, etc.) hace que muchas de ellas no accedan al procedimiento de protección internacional". A esas trabas particulares de España, se añade que la Unión Europea "ha centrado sus esfuerzos en impedir la llegada de las personas que huían de estos países al territorio de los Estados miembros, reforzando el control de sus fronteras exteriores e interiores, impidiendo de esta forma el acceso a las mismas al procedimiento de protección internacional".

 "En ese contexto de externalización de fronteras", continúa el informe, "consiguieron alcanzar nuestras costas 5.443 personas, llamando poderosamente la atención que apenas se produjeran solicitudes de protección internacional cuando la mayoría proceden de países con un alto grado de vulneración de derechos humanos". El CEAR hace un mención especial a la situación de Ceuta y Melilla, donde en 2011 "se recrudeció más si cabe la imposibilidad de libertad deambulatoria de las personas solicitantes de asilo al serles impedido el acceso a la península".

 Llama la atención las sustanciales diferencias existentes entre la admisión a trámite de las solicitudes de asilo realizadas en el territorio español de las que se producen en fronteras y en los CIE. "Esto se debe", según el informe, "a la brevedad de los plazos en las solicitudes en frontera, la utilización de formularios estandarizados para averiguar la nacionalidad de las personas solicitantes y la aplicación generalizada del criterio de “falta de verosimilitud de las solicitudes”.
Así las cosas, el CEAR concluye que en 2011, "solo 326 personas, el 9,5%, vieron reconocida su solicitud de protección internacional con el estatuto de asilo y un total de 595 personas, el 17,4%, recibieron una protección de carácter subsidiario. En cambio, 2.512 no obtuvieron protección internacional de las 3.414 que la solicitaron, un 73,5%".

El G-20 mete prisa a España para que aclare el rescate

 Pese a los intentos de Mariano Rajoy por evitarlo, España y la situación de sus bancos han sido protagonistas del G-20. En una reunión monopolizada por la preocupación mundial frente a la situación de la zona euro, los líderes de los países más poderosos del planeta exigieron a España “claridad” sobre los detalles del rescate en medio de una enorme presión contra la deuda española. Todos quieren saber cuándo pedirá España esos fondos y sobre todo cómo. Y así se lo hicieron saber a Rajoy, según la canciller alemana, Angela Merkel.

El Gobierno español, que evita comentar este aspecto de la presión mundial y no confirma ni desmiente la versión de la alemana, asegura que es el primer interesado en aclarar los términos del rescate, y sostiene que muy probablemente lo pedirá esta misma semana, después de que el jueves se haga pública la cifra que, según las dos auditoras contratadas por el Banco de España, necesitan los bancos para recapitalizarse. En cualquier caso, el Ejecutivo aclara que se están negociando las condiciones y nada está cerrado, ni siquiera la fecha en la que se va a pedir.

 Merkel, cada vez más distanciada de Mariano Rajoy, aprovechó un encuentro con la prensa para meter más presión a su teórico aliado. Aseguró que es necesario que España pida ya ese rescate, y dijo que el propio Rajoy se había comprometido a ello en la reunión del G-20. Hasta que habló la canciller, el Ejecutivo español aseguraba que nadie había hablado en el G-20 específicamente de España. “Se ha hablado en el G-20 de que ahora es muy importante que haya claridad, rápidamente, sobre cómo va a ser la petición de ayuda española”, señaló Merkel.

El Gobierno español decidió no adelantar los informes de las evaluadoras sobre el estado de la banca, con lo que ha llegado al G-20 sin aclarar el rescate. El anuncio de esa ayuda de hasta 100.000 millones de euros, que Rajoy vendió como un gran éxito pese a que aumentará la deuda española hasta el 90%, lejos de frenar el acoso de los mercados, lo ha intensificado. Ante esa evidencia, el presidente ha dado un giro de 180 grados a su mensaje. Rajoy plantea ahora, y lo señaló en el plenario del G-20, que hay que “romper el vínculo entre riesgo bancario y riesgo soberano, que ha resultado ser tremendamente dañino”. Rajoy admite que ha sido perjudicial el tipo de rescate que hace 10 días consideró un gran éxito del euro y de España. “He sido yo el que ha presionado”, aseguró entonces.
El Ejecutivo español asegura que Rajoy no está planteando ahora una inyección directa de dinero a los bancos desde el fondo de rescate. Eso está descartado, será a través del FROB. Sin embargo, sí parece evidente que, a estas horas, hay muchos puntos en el aire. España quiere renegociar cuestiones, y cuenta para ello con el apoyo de la Comisión Europea, que también es consciente de que la fórmula pactada no está funcionando en los mercados.

Romper el vínculo entre rescate y deuda

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, fue el primero en reconocer, este lunes, que había que romper el vínculo entre deuda pública y la deuda bancaria. Esa idea está tan consolidada que incluso estará en las conclusiones del G-20, y por tanto respaldada por Alemania. ¿Quiere eso decir que Alemania acepta que España no tenga que respaldar, con su deuda soberana, la recapitalización de sus bancos? No parece que Merkel ni otros países nórdicos estén dispuestos a aceptar eso.
Durao Barroso planteó la necesidad de afrontar en el asunto en el debate que la Comisión quiere abrir sobre la unión bancaria en otoño. Pero también que había que buscar ya fórmulas que rebajen esa percepción negativa en el caso de la ayuda a la banca española. Fuentes de la UE precisaron este martes en Los Cabos que no está en cuestión que la ayuda estará respaldada por la deuda española. “Se computa como deuda pública sí o sí”, aseguró un alto funcionario de la Comisión.

 El rescate a la banca “se computa como deuda pública sí o sí”, aseguró un alto funcionario de la Comisión.

Entre las fórmulas que maneja la Comisión está la de alargar al máximo el plazo del crédito, para evitar que los inversores crean que España puede tener problemas para refinanciar la deuda en el corto plazo. Y Bruselas quiere mantener vivo el debate sobre qué fondo utilizar: si el temporal, que no tiene el estatus de acreedor prioritario, o el permanente, que entrará en vigor a partir de julio, y que sí tienen esa condición. Para los inversores privados esta segunda opción es peor, ya que les relega en el orden de cobro si España no fuese capaz en algún momento de devolver toda la deuda. Una percepción que se ha instalado en los mercados, pese a que el Gobierno español introdujo una reforma constitucional que da prioridad absoluta al pago de esta deuda, un blindaje con pocos precedentes en la normativa europea.

 Fuentes europeas precisaron que buena parte de los países del Eurogrupo apuestan por el fondo de rescate permanente. Y que se resisten a ampliar el plazo hasta los 30 años, como pretenede el Gobierno, informa Claudi Pérez.

 La percepción de que el rescate a la banca española no está teniendo los resultados esperados protagonizó algunas de las conversaciones del G-20, hasta el punto de que el objetivo de tomar medidas para garantizar la sostenibilidad de los costes de la deuda se coló en el comunicado final de la cumbre.

 “Debemos encontrar una manera más eficaz de intervenir”, clamó el presidente francés, François Hollande. Fuentes europeas indicaron que el primer ministro italiano, Mario Monti, según Financial Times, lanzó la idea de que el fondo de rescate compre deuda pública de los países periféricos. Merkel no contestó en el plenario, pero sus palabras en los pasillos dieron pie a interpretar que estaba replanteándose su rechazo inicial a esta opción, según apuntó The Guardian. Una expectativa que funcionarios alemanas rebajaron al asegurar a Reuters poco después que el asunto “no se había tratado en el G-20”.

El juicio del ‘Prestige’ comenzará el 16 de octubre y durará más de siete meses. Diez años después de la catástrofe

Aún no se ha decidido dónde se celebrará la vista, que comienza diez años después de la catástrofe ecológica del petrolero.

  

 El juicio oral por el accidente del petrolero Prestige, ocurrido en noviembre de 2002, frente a las costas gallegas comenzará el próximo 16 de octubre de 2012. De acuerdo con el calendario estimado por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de A Coruña, su celebración se alargará hasta el 29 de mayo del año 2013. El lugar para la celebración del juicio "está todavía sin fijar" y "se decidirá de forma definitiva en fechas próximas", según han indicado fuentes judiciales. Serán un total de 2.128 las partes personadas defendidas por 51 letrados y representados por 28 procuradores. Además, han sido admitidos 133 testigos y un total de 98 pruebas periciales.

 El auto establece también una relación del calendario previsto. Así, fija del 16 al 25 de octubre para la proposición de nuevas pruebas y cuestiones previas y para el 13 de noviembre la reanudación del juicio, con la declaración de los acusados, una media de tres días para cada uno, hasta el 29 de ese mes. Además, está previsto una media de siete testigos y cuatro peritos al día y llegar a la lectura de las conclusiones los días 7 y 8 de mayo, a lo que seguirán los informes de las partes personadas del 9 al 29 de mayo.

 En un auto de 25 folios, la sala que enjuiciará la catástrofe del 'Prestige', integrada por tres magistrados, dos hombres y una mujer, especifica los criterios de admisión o no admisión de pruebas, tanto testificales como documentales. Así, entre otras cuestiones, precisa que "no podrán ser testigos autoridades que no intervinieron ni presenciaron" los hechos enjuiciados y que tampoco los técnicos podrán ser propuestos como peritos.

 También recoge una extensa de relación de testigos que no han sido admitidos como, a petición del Estado Español, el exdirector general de la Marina Mercante en noviembre de 2002 José Luis López Sors, "sin perjuicio de que como acusado pueda ser oído en juicio si consiente en ser interrogado", precisa. Tampoco declararán como testigos los patrones mayores de cofradías de Asturias, Cantabria o Galicia. En los mismos términos se pronuncia en relación a algunas pruebas propuestas por "extemporáneas o impertinentes" como la audición de grabaciones aportadas por el Centro Nacional de Salvamento y pedidas por Izquierda Unida.

 Por si alguien no se acuerda, el Prestige era un viejo petrolero cargado con 70.000 toneladas de un combustible viscoso y sucio que zozobró a escasas millas de la costa gallega un 13 de noviembre de 2002 y envió la correspondiente señal de alerta. Lo que podría haber sido un accidente se convirtió una semana después en el mayor desastre ecológico sufrido en Galicia, cuyas costas se vieron regadas del pegajoso chapapote, las manchas de fuel derramado por el buque partido por la mitad y hundido que fueron llegando progresivamente a Asturias, Cantabria, País Vasco y la costa cantábrica francesa.

 En esta causa están acusados el capitán del buque, Apostolos Mangouras; el jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, y el primer oficial, Ireneo Maloto, por presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, daños y desobediencia-resistencia, así como el entonces director general de la Marina Mercante José Luis López-Sors González, por supuesto delito contra el medio ambiente y daños.

 Asimismo, están imputados como responsables civiles directos la aseguradora The London Steam-Ship Owners Mutual Insurance Association Limited y el Fondo Internacional de Indemnización de Daños debido a la contaminación por hidrocarburos, y como responsables civiles subsidiarios, las navieras Mare Shipping Inc y Universe Maritime Ltd y el Estado español. La reclamación total por daños y perjuicios en materia de responsabilidad civil asciende a 1.264 millones de euros.

 La Sala de Gobierno del TSJA decidió el pasado mes de abril que el magistrado ponente del tribunal designado para el juicio del "Prestige" se dedicase exclusivamente a la causa desde el pasado 1 de mayo hasta el momento en que se dicte sentencia. El TSJG consideró que dada la importancia y trascendencia de la causa era "obligado y urgente" liberar al magistrado ponente, que a su vez presidirá la Sala de Justicia, Juan Luis Pía Iglesias, de sus funciones como magistrado de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de A Coruña.
También se aprobó que 15 días antes del comienzo del juicio se libere a los otros dos magistrados del Tribunal del 50% de sus ponencias hasta un mes después de concluidas las sesiones.

 El alto tribunal reconoció así la petición formulada por el Ministerio Fiscal, el abogado del Estado y el que era capitán del petrolero cuando naufragó, para recusar a estos magistrados. El auto del Prestige fue remitido el pasado día 14 de noviembre por el Juzgado de primera instancia de la localidad coruñesa de Corcubión a la Audiencia Provincial, que ha fijado ahora la fecha del juicio.

 

La ley de Transparencia castiga al falseador pero no al derrochador

El Poder Judicial advierte que no se penaliza al político que gasta por encima de lo presupuestado sino solo el falseamiento de cuentas.

El Consejo General del Poder Judicial ha advertido hoy al Gobierno de que la redacción dada a la reforma incluida en la Ley de Transparencia para castigar a los malos gestores públicos no penaliza en realidad el hecho de gastar por encima de lo presupuestado, sino solo el falseamiento de las cuentas. Así lo advierte el informe realizado por el vocal Claro José Fernández que ha sido aprobado por unanimidad por la Comisión de Estudios del órgano de gobierno de los jueces y que será debatido por el pleno del CGPJ en su reunión del próximo día 28.

 "Si se analiza con rigor la figura delictiva que se pretende introducir, el bien jurídico que se pretende proteger es la autenticidad de la documentación contable y financiera de la entidad, para evitar que de su falseamiento pueda derivar un perjuicio económico, más no necesariamente el hecho de originar gastos al margen de lo presupuestado o autorizado", dice el informe.

 De este modo, subraya que si la pretensión del Gobierno es "poner coto" al hecho de efectuar gastos sin crédito, superando el importe del presupuesto, debería tipificar tal conducta y sancionar que se realicen gastos sin habilitación presupuestaria o una vez agotado el crédito disponible, en vez de extender a las entidades públicas el delito de falseamiento contable.

 En términos generales, el estudio da el visto bueno al anteproyecto de reforma del Código Penal sobre los delitos contra la Hacienda Pública, fraude fiscal y a la Seguridad Social y el nuevo tipo especial de malversación, que fue remitido por el Ejecutivo al CGPJ para que emitiera el informe preceptivo.
Según el texto del Gobierno, los cargos públicos que falseen las cuentas u oculten datos de naturaleza contable podrán ser castigados con hasta diez años de inhabilitación y la correspondiente multa.

 El informe aconseja al Ejecutivo que evite que el delito que pretende introducir se convierta en un "tipo privilegiado" que impida el castigo para algunas de esas conductas delictivas actualmente penadas incluso con cárcel y a las que podrían ser aplicables las "falsedades contables" o de documentos sobre la situación económica de una entidad que contempla ahora la reforma.
Sí considera adecuado el aumento de las penas para determinados tipos delictivos y señala que ayudará a alcanzar mayor eficacia en la represión del fraude a gran escala, a los grupos organizados y entramados societarios.
Otro elemento positivo que destaca de la reforma es que eleve el plazo de prescripción para los delitos fiscales más graves de 5 a 10 años, lo que a juicio del vocal ponente "evitará el fracaso de la persecución penal en no pocas ocasiones, máxime ante la especial complejidad que conlleva el esclarecimiento de las actividades de grupos o entidades".

 No obstante, el texto pone objeciones a las previsiones de la reforma para computar el inicio del plazo de prescripción y señala los problemas y la "incertidumbre" que puede generar que éste comience con la falta de regularización tributaria y no en el momento de la comisión del delito.
"El hecho de que el inicio del cómputo de la prescripción quede al albur de la decisión de iniciar actuaciones de comprobación o, en su caso, de interponer querella o denuncia, no se ajusta a la exigencia de seguridad jurídica", afirma Fernández tras resaltar que así se prolonga artificialmente la prescripción al hacerla depender de un acontecimiento futuro.

 El informe no plantea reparos a las cuantías del delito de fraude a la Seguridad Social -de 120.000 euros a 50.000 euros para el tipo básico- y el umbral de 120.000 euros para el tipo agravado, aunque también sugiere que se precise con mayor claridad el modo de determinación de la cuantía.

 

Toda la oposición acusa a Rajoy de no haber dicho la verdad sobre el rescate

El profundo malestar de todos los partidos con representación parlamentaria, salvo el PP, con Mariano Rajoy por no haber comparecido en el Congreso a explicar los detalles del rescate de 100.000 millones de euros para los bancos rebosó ayer con la rectificación del presidente del Gobierno desde México sobre la ayuda europea.
“El que he presionado he sido yo”, dijo Rajoy el día siguiente del anuncio del rescate. Añadió que estaba “resuelto” y que por eso se iba al fútbol a Polonia, lo definió como “un paso en la buena dirección” y aseguró que no afectaba al déficit público. Completó su alegría días después en una breve intervención en el Congreso en la que dijo: “Deberíamos alegrarnos de la ayuda de nuestros socios europeos”; “es un crédito a los bancos que devolverán los bancos”. Pero ayer se desdijo en México y esto hizo saltar a todos los demás partidos.
Tienen solo la referencia de esas palabras, porque todos los partidos, sin excepción, han pedido la comparecencia del presidente para debatir en el Congreso. Lo único que han conseguido es que la próxima semana acuda el ministro de Economía, Luis de Guindos, y que Rajoy posponga su presencia hasta julio, con motivo del pleno obligado tras la cumbre europea del 28 de junio.
El PP volvió a frenar ayer en la Junta de Portavoces las peticiones de comparecencia del presidente y hoy en el pleno no estará la mitad del Gobierno, empezando por Rajoy y su número dos, Soraya Sáenz de Santamaría. Según el portavoz del PP, Alfonso Alonso, es normal esta ausencia “porque el partido se juega fuera” y la vicepresidenta ha comunicado que tampoco estará en el pleno de la próxima semana. Saénz de Santamaría, presidenta del Gobierno en funciones, no acudirá hoy al pleno porque está en Canarias con el presidente chino.
Según Soraya Rodríguez, portavoz del PSOE, a Rajoy solo le ha durado “nueve días” su “gran mentira” sobre que el rescate a la banca española negociado con el Eurogrupo era un “éxito”. “Parecía que nos había tocado la lotería, que estábamos frente a un rescate a la banca que pagaría la banca y que no tendría ningún efecto en la deuda”, aseguró la portavoz socialista, que pidió al presidente del Gobierno que “haga una escala entre Río y Roma para explicar en el Congreso los términos del rescate bancario”. Rajoy ha informado estos días a Rubalcaba del rescate, pero sin facilitarle datos, lo que hizo pensar al líder de la oposición que no se habían cerrado los detalles.
El portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, aseguró ayer que el Gobierno “metió la pata” al “vender” de forma “tan optimista” el rescate y aseguró que ahora Rajoy pone “los pies en el suelo” y reconoce la situación.
En esta línea, José Luis Centella, portavoz de Izquierda Plural (IU, ICV y CHA), aseguró que el Gobierno “faltó a la verdad cuando, apresuradamente para justificar su presencia en el partido de la selección española en Polonia, dijo que era un simple préstamo sin condiciones”. Ahora, según dijo, el presidente “se desmiente a sí mismo con un comportamiento realmente esperpéntico”.
La portavoz de UPyD, Rosa Díez, criticó que el presidente del Gobierno haya tenido que “cruzar el charco y hacer miles de kilómetros para darse cuenta de los efectos dañinos del rescate”.

El Premio Nobel de Economía predice un corralito en España e Italia

 El Premio Nobel de Economía y Premio Príncipe de Asturias, Paul Krugman, economista, divulgador y periodista estadounidense, aventura en su blog del New York Times un corralito en España inminente. Krugman resume en su blog 5 pasos que según él provocarían el desenlace fatal de una crisis económica sin precedentes en la Europa Moderna y que pondría fin a lo que hoy conocemos como la eurozona.

 Krugman apuesta que la inestabilidad política en Grecia, ahora mismo encallada en la formación de un Gobierno, causará su expulsión de la eurozona el próximo mes y el efecto dominó provocará la retirada de grandes sumas de dinero de los bancos españoles e italianos.

 En consecuencia los bancos españoles e italianos procederán a prohibir “esos depósitos fuera del país y limitar la disponibilidad de efectivo” o sea, que los ciudadanos no puedan ni transferir dinero fuera del país y que se establecerían límites a la cantidad que la gente pueda sacar de un banco mes a mes.

 Si los bancos españoles ponen en marcha esta práctica significa entrar en una situación de “corralito” como el que ya vivió hace unos años la nación Argentina. Además, el corralito podría ser insuficiente y el Banco Central Europeo necesitaría flexibilizar las condiciones de concesión de crédito y liquidez para evitar el colapso del sistema bancario, tal como lo conocemos hoy.

 Las predicciones fatalistas de Krugman no terminan aquí. Si se produce un corralito en España e Italia, Alemania deberá decidir entre dos opciones:

 a) Prestar a España e Italia dinero público para que puedan hacer frente a su deuda a cambio de revisar de forma drástica su estrategia económica.

 b) Fin del euro.

 La idea de la posibilidad de un corralito ya fue aventurada por gurusblog en el mes de diciembre. Este blog de índole económica y financiera ya publicaba ideas para proteger los ahorros ante un eventual corralito. Uno de los consejos era “cambiar tus ahorros por otra divisa y llevárte el dinero a casa”.

Leer más sobre el “corralito en España” en gurusblog.

¿Qué harás para prevenir el corralito?

La justicia tumba el uso preferente del catalán en Barcelona

 El tribunal tumba diversos artículos del reglamento lingüístico del Ayuntamiento de la ciudad.

 El tribunal tumba diversos artículos del reglamento lingüístico del Ayuntamiento de la ciudad

 En las oficinas de atención al ciudadano del Ayuntamiento de Barcelona, la mayor parte de los impresos son bilingües. A un lado, en catalán y al otro, en castellano. Los funcionarios que atienden a los ciudadanos también suelen contestar en castellano o catalán, en función del idioma que se utiliza en el saludo. Eso ocurría ayer en las oficinas de atención del Consistorio barcelonés de la plaza de Sant Miquel, donde no se entendía el revuelo que ha generado una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) conocida ayer, que anula, en parte, seis artículos del reglamento del uso del catalán del Ayuntamiento.

 El fallo estima en parte un recurso presentado por el presidente del Partido Popular en Barcelona, Alberto Fernández Díaz, contra el citado reglamento, que se aprobó en febrero de 2010 con el voto favorable de cuatro partidos del Consistorio.

 La sentencia del Tribunal Superior toma como referencia la que emitió el Tribunal Constitucional sobre el Estatuto. En esa línea, por ejemplo, anula del artículo 2 del reglamento el término de “preferente” en el uso del idioma catalán en el trabajo y en las relaciones con el ciudadano. Entiende que el uso del catalán “como lengua propia de uso normal no afecta ni excluye al castellano como lengua igualmente oficial”. Y el uso del término preferente es, en opinión de los jueces, “inadmisible”.

Impresos bilingües

 El fallo declara nulos diversos apartados de otros artículos del reglamento, porque el tribunal considera que en todos ellos es el ciudadano el que tiene que hacer el esfuerzo para que la Administración se dirija a él en castellano si esa es su lengua. Argumenta también que los impresos e información deben facilitarse en las dos versiones. Es decir, en castellano y en catalán. Y eso es lo que ocurre en la mayor parte de las comunicaciones e impresos en la realidad, más allá de lo que dice el reglamento. La sentencia insiste en que el uso del catalán no puede pasar por encima del derecho del ciudadano a ser contestado en castellano: “En los procedimientos iniciados a instancias de parte, hay que respetar la elección del ciudadano”.

“Pero esto ya se hace con normalidad. Por tanto, entendemos que no hay que modificar nada”, apuntaba el primer teniente de alcalde, Joaquim Forn, al comentar el fallo, que el Consistorio recurrirá al Supremo. En su opinión, los efectos prácticos del fallo no existen, porque la Administración ya respetaba el derecho del ciudadano a expresarse en una u otra lengua. Tanto el gobierno de CiU como el resto de los partidos, salvo el PP, criticaron la sentencia por crear un problema “donde no lo hay”.

El fallo solo satisfizo al PP. El resto de las formaciones, sin excepción, lo criticaron. “Se está produciendo una coalición hostil entre los jueces y el Partido Popular en contra del catalán”, subrayó Ricard Gomà, de ICV-EUiA. En cuanto a los efectos prácticos, también hubo acuerdo en que son más bien pocos más allá de omitir el término preferente del artículo 2. “Una vez más, se ve un conflicto donde no lo hay. Con independencia de los términos exactos que se usan en el reglamento, no hay problema de relación entre el ciudadano y este Ayuntamiento”, manifestó Jordi Martí (PSC). Para Jordi Portabella (UxB), lo que ocurre es que el PP quiere “ganar en los tribunales lo que no gana en las elecciones”.

 El TSJC dio a conocer ayer otra decisión relacionada con el uso del catalán en la escuela. El tribunal ha reconocido el derecho de cuatro familias a que la escolarización de sus hijos en castellano sea la lengua vehicular en la enseñanza en la misma proporción que el catalán. En calidad de lenguas oficiales, los magistrados consideran que el castellano y el catalán deben ser lenguas vehiculares. Con todo, señalan que es la propia Administración la que debe adoptar las medidas que considere “oportunas” para garantizar ese equilibrio. La sección quinta de la sala contencioso-administrativa del TSJC basa su decisión en las recientes sentencias del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional sobre esa materia.

 Esa misma sección fue la que, el año pasado, dictó un auto en el que daba un ultimátum de dos meses a la Generalitat para implantar el castellano como lengua vehicular en las escuelas. La decisión fue corregida después por el pleno de la sala contenciosa del TSJC, en un auto del pasado marzo que avaló la inversión lingüística aunque reconoció el derecho de los alumnos a recibir atención individualizada en castellano.

 El polémico auto se dictó en relación con un recurso presentado por otras tres familias, aunque daba a entender que la medida debía afectar a la totalidad del sistema público de enseñanza. Las cuatro sentencias que se conocieron ayer, en cambio, subrayan que la Generalitat debe adoptar las medidas necesarias para adaptar el sistema en la medida en que “afecte al niño”. El principio se refiere solo a los recurrentes y “en absoluto alcanza a otros padres, alumnos y centros radicados en Cataluña”.

 La Generalitat anunció que recurrirá las sentencias porque considera que ponen en peligro el modelo catalán de inmersión lingüística. La consejera de Enseñanza, Irene Rigau, sostiene que las decisiones judiciales dan pie a la “interpretación” de que la educación en castellano como lengua vehicular “se puede pedir en cualquier momento de la etapa educativa”, lo que contradice la Ley de Educación de Cataluña y supone una “grieta” en el modelo educativo, informa Ivanna Vallespín.

 En relación con las cuatro familias demandantes, Rigau aseguró que los dos alumnos que actualmente cursan P-5 ya están recibiendo la atención personalizada en castellano, mientras que hay un tercero que cursa secundaria y la Generalitat no prevé que necesite refuerzos. Sobre el cuarto alumno, en segundo curso de primaria, considera que “ya ha recibido” la atención individualizada que requería y ya está listo para recibir una educación “normal”, ya que en esa etapa no precisa de más refuerzos de castellano, según la consejera.

  Reflexión del Blogger:

 Con estos actos lo único que incitan es al odio que se produjo durante los casi 40 años de Dictadura Franquista.

 Estamos estamos de acuerdo que todas las lengüas co-oficiales del estado deben ser tratadas de la misma forma y el mismo respeto a hacia sus ciudadadnos.

 Pero, con los problemas que tenemosen en el país actualemnte, preocuparse de estos temas, lo único que hacen es increpar más la situación de los ciudadanos,.o intentar desviar la atención de éstos ,...de lo que se avecina con la crisis....

 Desde Nuestro parecer, en ESTADO DEMOCRÁTICO, creemos que como ya hemos dicho más que ayudar retrocedemos en el paso de estar más unidos en una España común.

en algún lugar de españa , 02 de junio de 2012

@est_democratico

Guindos: “El futuro del euro se juega en Italia y España”‏

 El ministro de Economía aboga por un fondo de rescate para los bancos europeos. Asegura que no hay huída de capitales, sino menos refinanciaciones en mercados monetarios

 El ministro de Economía aboga por una unión bancaria europea y por un "mecanismo de inyección de capital a bancos de la UE

España como epicentro de la gran crisis europea, como gran riesgo para el futuro de la moneda única. El ministro de Economía, Luis de Guindos, no intentó este jueves rebajar la sensación que ya cala en toda la sociedad europea: que estos son tiempos cruciales para salvar o renunciar al proyecto europeo. Guindos admitió que la divisa común se encuentra en una “encrucijada” y dejó claro que la batalla del euro se libra en España e Italia, piezas de caza mayor, que si caen, arrastrarían a la eurozona. “El futuro del euro se va a jugar en las próximas semanas en Italia y España”, dijo en las jornadas del Círculo de Economía en Sitges, en un mensaje de presión dirigido claramente a las autoridades alemanas.

 Guindos recalcó que hay cosas urgentes que hacer para evitar la desintegración del euro. Confió en que “en los próximos días y semanas” se logre constituir un mecanismo de inyección de capital a los bancos de la zona euro. También defendió la necesidad de avanzar hacia una “unión bancaria” europea, de forma que la supervisión de las entidades financieras esté más coordinada, y hacia un “sistema de depósitos más integrado”, una suerte de Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) paneuropeo. Bruselas defendió el miércoles este proyecto, con ese fondo de garantía de depósitos común, como única vía para salir de la crisis financiera, pero Berlín se opone rotundamente a la idea.

 Para España, una medida de estas características resulta clave para asegurarse el saneamiento de su sector financiero, muy castigado por los activos inmobiliarios tóxicos, sin tener que pedir ayuda a Europa. Un mecanismo de resolución de crisis de entidades financieras podría podría permitir al fondo de rescate inyectar dinero a los bancos sin pasar por los Estados. La banca española, que se va a someter al examen de dos auditoras internacionales, tendrá que llevar a cabo fuertes provisiones para protegerse ante posibles pérdidas por créditos fallidos. Aun no se conoce la cifra, pero algunas fuentes aventuran una necesidad de 50.000 millones.

 Guindos apeló a la responsabilidad y enfatizó su mensaje: “La batalla del euro se libra en estos momentos en países muy importantes como España e Italia y eso nos debe hacer ser especialmente responsables”, dijo, y manifestó la “confianza” que tiene Alemania en las reformas emprendidas por España.

 El ministro también se refirió a los datos publicados por el Banco de España, que indican que hay una importante retirada de capitales. A su juicio, los datos no reflejan una salida, sino “las dificultades de financiación en mercados monetarios”. “Se trata de diferencias de necesidades de refinanciación que existían antes”, aseguró. "Este Gobierno no va a generar falsas expectativas. Lo de los brotes verdes lo anunciaremos cuando estemos muy convencidos de que se van a producir", dijo. "Estoy convencido de que la economía española, antes que después, volverá a crecer", remachó el ministro.

La banca se hunde en Bolsa y pierde 34.000 millones hasta finales de mayo

 Las dudas del sector y la nacionalización de Bankia son las principales causas.El Ibex cierra mayo en mínimos anuales: 6.089,80 puntos.Los 34.000 millones de euros que ha perdido en Bolsa el sector financiero equivalen a la capitalización junta del Banco Popular, BBVA y CaixaBank.

 El sector financiero español perdió 34.000 millones de euros de valor bursátil hasta el 31 de mayo, afectado por las dudas que sigue suscitando el sector y sobre todo, en el último mes, por la nacionalización de Bankia.

 Pese a que en los tres últimos meses el Gobierno ha aprobado dos reformas financieras con el objetivo de sanear los balances del banca, el mercado sigue poniendo en duda su solvencia, algo que ha llevado a que varias agencias hayan rebajado masivamente la calificación de la deuda del sector.

El descalabro sufrido en Bolsa por la banca española ha arrastrado también la cotización del principal selectivo del mercado, el Ibex 35, que a cierre de mayo se situaba en mínimos anuales, en los 6.089,80 puntos, casi el 30% menos en variación anual.

 La cotización de la banca española también se ha visto afectada por el alza que ha registrado la prima de riesgo, que en los últimos días ha llegado a superar los 540 puntos básicos, su máximo desde la implantación del euro.

El Santander encabeza las pérdidas

 La entidad financiera que más valor ha perdido en el mercado nacional desde cierre de 2011 y hasta finales de mayo ha sido Santander, con más de 10.000 millones de euros, ya que ha pasado de los 50.289 millones que registraba a cierre de 2011 hasta los 40.206 con los que terminó el jueves 31 de mayo.

Por su parte, el BBVA también ha perdido 9.000 millones de euros, y CaixaBank, 6.800 millones de valor en Bolsa.

 Otra de las entidades que también ha registrado importantes pérdidas ha sido la nacionalizada Bankia, unos 4.100 millones de euros, mientras que el Banco Popular ha perdido casi 2.000 millones de euros; Banco Sabadell, 1.046, y Bankinter, 941 millones de euros.

 Los 34.000 millones de euros que ha perdido en Bolsa el sector financiero equivalen a la capitalización junta del Banco Popular, BBVA y CaixaBank.